A nadie escapa que, iniciado un proceso matrimonial de separación o divorcio, el debate sobre la atribución del uso de la vivienda familiar se convierte, junto con la atribución de la guarda de los hijos menores, en el caballo de batalla de las partes en litigio. Ello es debido fundamentalmente a que en la mayoría de los matrimonios o parejas de hecho, el inmueble destinado a vivienda familiar en el momento de suscitarse la contienda suele encontrarse gravado con un crédito hipotecario de larga extensión temporal, con el capital pendiente de amortizar en su mayor parte. Tal circunstancia en la práctica viene a significar que el progenitor obligado a abandonar el domicilio conyugal debe no solamente encontrar un nuevo alojamiento, con un elevado precio de compra o alquiler, sino además continuar abonando la hipoteca del inmueble que constituyó la vivienda conyugal, todo lo cual le sitúa en un estado de precariedad económica en el contexto de una sociedad en galopante crisis económica. Sin embargo, y a pesar de lo dicho, es sobradamente conocida la escasa y deficiente regulación que ofrece el Código Civil a la medida de la atribución de la vivienda familiar en los supuestos de crisis matrimonial. Las anteriores consideraciones invitan a un necesario y preciso estudio de esta medida: el concepto de vivienda familiar, la variedad de criterios para su atribución, las posibilidades de su limitación temporal, las causas de su extinción o modificación así como los efectos derivados de la atribución.
