Si ya es sumamente difícil desarrollar las investigaciones patrimoniales de los delitos que generan grandes cantidades de beneficios económicos, y por ello probar las responsabilidades penales y civiles de sus implicados, la función jurisdiccional deviene en ineficaz, y por ende se le castiga mediática y socialmente, si dictadas sentencias de condena las mismas no se ejecutan, o si lo hacen las actuaciones no alcanzan a privar a los condenados de los bienes, instrumentos, productos y ganancias derivadas de los delitos. Para intentar luchar contra esta situación los países han diseñado una política criminal de recuperación de activos en la que gozan de gran apogeo y actualidad, por una parte, tipos penales como el blanqueo de capitales o el enriquecimiento ilícito, y, por otro, una institución como el decomiso conforme a la cual el Estado va a actuar no sólo contra las personas de los condenados sino también contra sus elementos patrimoniales. En esta monografía se analizan, en clave de sistema penal, las bases conceptuales sobre las que se construye el decomiso de bienes relacionados con actividades criminales y se estudia en detalle el complejo entramado sustantivo y procesal que ha sido incorporado a nuestro Derecho en los últimos meses. Todo ello de forma crítica y propositiva en pro de realzar hasta qué punto el legislador nacional se ve obligado -o cuando menos influido- a trasponer prácticas e instrumentos jurídicos con origen en organismos supranacionales como las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el Consejo de Europa o la Unión Europea.
