Como es sobradamente conocido la gravedad de la crisis económica y financiera que, de un tiempo a esta parte, venimos padeciendo, ha afectado de manera especialmente significativa a los bancos y a las cajas de ahorro. El aumento de la morosidad y la entrega de activos inmobiliarios como pago de préstamos han condicionado, en buena medida, los resultados de las entidades de crédito. Ante este diagnóstico, el tratamiento a seguir resulta doble: de una parte, necesitan capitalizarse para asumir las pérdidas cuanto antes y fortalecer sus recursos propios; y, de otra, necesitan ser más eficientes todavía, para generar un mayor margen que ayude a la capitalización.
Dentro de los eventuales riesgos que afectan a la «bancarización» de las Cajas cabe aludir a la pérdida definitiva de la obra social. Ante esta situación se plantea la posibilidad de que varias Cajas pueden compartir un Sistema Institucional de Protección y crear un ente instrumental que gestione servicios comunes, manteniendo a tal efecto su marca «comercial» pero creando una estructura central común. Estos Sistemas Institucionales de Protección constituyen una figura hasta fechas recientes poco conocida y que, de un tiempo a esta parte, ha pasado a convertirse en una alternativa a las fusiones como forma de integración entre entidades de crédito que permite acceder a los recursos del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
Los efectos jurídicos derivados de las fusiones y de los SIPs no son, en absoluto, equivalentes. Y es que, mientras en las fusiones (cualquiera que resulte ser su tipología e instrumentación jurídica) tiene lugar la desaparición de, al menos, una de las personas jurídicas que participan en la misma (originándose así una reestructuración de cierta importancia) los SIPs, por el contrario, no implican una exigencia similar, al mantenerse inalterada la personalidad jurídica de las entidades participantes, resultando en consecuencia posible que el acuerdo contractual en que se fundamente el sistema no produzca, en sí mismo, una reestructuración de cierta importancia.
En la actualidad la gran mayoría de las Cajas han optado por sellar procesos de integración a través de los SIPs, que permiten mantener la personalidad jurídica de los órganos de gobierno de las Cajas y no contrariar los poderes políticos de las Comunidades Autónomas, que disponían de derecho de veto sobre operaciones de fusión en procesos interregionales. No obstante el desarrollo de estos procesos plantea cuestiones tales como problemas de gestión, protección de los trabajadores y de los impositores, «bancarización» de las Cajas, etcétera.
