La LEC de 2000 incluyó una serie de preceptos destinados a hacer realidad la acción colectiva en nuestro ordenamiento. La aplicación práctica de estas normas ha evidenciado la necesidad de concretar algunos extremos, y ha conducido a cuestionar la propia eficacia de la acción colectiva como mecanismo dirigido a evitar la proliferación de procesos en serie. En esta obra se realiza un análisis de la jurisprudencia que ha aplicado esas normas con el fin de comprobar los problemas con los que ha tropezado esa regulación y proponer soluciones para la futura reforma de esta materia. Tras unas aclaraciones conceptuales previas, el estudio de la práctica judicial cotidiana sirve de guía para abordar temas como el de la preparación de los procesos civiles que se inician con el ejercicio de una acción colectiva, a través de diligencias preliminares y de medidas de aseguramiento de la prueba; el problema que plantea en la práctica la intervención masiva de consumidores en procesos promovidos por asociaciones de consumidores y usuarios, introduciendo una complejidad procedimental que no se ve compensada con la satisfacción del derecho del consumidor; se abordan también algunas cuestiones que suscita la actividad probatoria en este tipo de procesos, y el espinoso tema de los efectos que debe producir la sentencia dictada en un proceso colectivo respecto de consumidores que no han intervenido en ese proceso
