Es una constante preocupación en los padres garantizar la protección personal y patrimonial de sus hijos con discapacidad para que puedan tener una vida digna una vez que falten sus principales apoyos (el «y después de nosotros, ¿qué?»). El Estado, consciente de los cambios sociales producidos en las últimas décadas, ha previsto mecanismos para proteger a las personas más vulnerables, pero muchas veces se revelan insuficientes, debiendo las familias planificar los apoyos y recursos necesarios para que sus familiares con discapacidad mantengan una vida plena. Los patrimonios protegidos constituyen una herramienta de protección patrimonial que permite canalizar un ahorro solidario en favor de la persona con discapacidad con importantes beneficios fiscales, habiendo recibido un impulso en los últimos años por su capacidad para funcionar no sólo como patrimonios de ahorro, que permitan encarar en el futuro las necesidades de la persona con discapacidad, sino como patrimonios de gasto o consumo, que sirvan para atender inmediatamente esas necesidades. Un quindenio después de su creación resulta necesario reflexionar sobre este instrumento de previsión que fue diseñado para erigirse en piedra angular de esa protección patrimonial. Este trabajo se ha realizado en el marco del proyecto «Fiscalidad y Discapacidad. Retos pendientes», financiado por el Parlamento de Cantabria en el ámbito del programa «Cantabria Explora».
