La incidencia del Derecho de la Unión Europea sobre el Derecho Administrativo de los estados miembros es una realidad incuestionable. No obstante, a pesar de su importancia, se ha prestado poca atención al impacto que sobre las administraciones públicas nacionales tienen los principios rectores del ordenamiento europeo y, en concreto, el principio de primacía. La principal y más llamativa manifestación de este impacto es la imposición a todas las administraciones de la obligación de inaplicar cualquier norma interna que sea contraria al ordenamiento de la Unión. El objeto de este libro es el examen detallado de esa obligación administrativa de inaplicación. El lector encontrará un estudio completo de la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la que tienen su origen, así como de su recepción en el ordenamiento español, en concreto, su acogida por el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional y el Consejo de Estado. El manejo de esta doctrina jurisprudencial, poco conocida por las administraciones públicas y por el resto de operadores jurídicos, es de gran valor, puesto que su contravención supone la vulneración del principio de primacía y, por tanto, del Derecho de la Unión. De ahí su interés no únicamente para los encargados de aplicar las normas en cualquier administración, con independencia de su ámbito territorial o de si está dotada de autonomía, sino también para los ciudadanos que se relacionan con ella y son destinatarios de sus decisiones. Por todo ello, más allá de una labor descriptiva, la obra se cierra con una valoración sobre el acierto de la obligación administrativa de inaplicación, haciendo un especial énfasis en la exposición y posterior crítica de los obstáculos esgrimidos contra ella, así como de posibles propuestas de reformulación.
