Si tuviéramos que hacer un elenco ordenado de las principales virtudes de esta obra, habría que referirse cuando menos a las siguientes: - En primer lugar, en ella se abordan todos y cada uno de los aspectos del régimen jurídico aplicable al empresario público, sin obviar el entramado normativo y organizativo en el que este se ubica. Ello ha permitido a la autora en esta obra, si bien depurada y escorada hacia aquellos aspectos estrictamente laborales, valorar las soluciones ofrecidas por la doctrina y la jurisprudencia laborales a los diferentes problemas que plantea el régimen del empresario público, situando en sus justos términos las peculiaridades de este último y su justificación. - En segundo lugar, el estudio se hace en clave de comparación con la regulación anterior a la nueva Ley de Contratos del Sector Público y a la luz de toda la doctrina jurisprudencial y judicial dictada en la materia, subrayándose aquellos pronunciamientos judiciales que ya no tienen virtualidad alguna y aquellos otros que siguen siendo válidos a la luz del nuevo marco normativo. - En tercer lugar, la autora se enfrenta al tema objeto de estudio sin complejos, abordando frontalmente todos y cada uno de los problemas que plantea la gestión del personal laboral en el sector público. Una mera ojeada al índice de la obra permite advertir que nos encontramos ante un análisis minucioso que clarifica hasta el más mínimo detalle la situación normativa y jurisprudencial en esta materia (las formas de gestión de los servicios públicos y el régimen aplicable al personal laboral, los grupos de empresas públicos, la contrata y subcontrata de obras y servicios en el sector público, la cesión ilegal de trabajadores y la sucesión de empresas en el sector público).
