MIGUEL CORCHERO, ANA GRANDE MURILLO
En esta monografía se analizan los fundamentos de la protección de los consumidores, así como los derechos que se les reconocen. El primer fundamento que recogen es el "constitucional". La Constitución española otorga carácter normativo a la cláusula "Estado Social", desarrollándola de forma exhaustiva e inequívoca. Estado Social equivale a un mandato expreso de configuración de la sociedad en orden a hacer realidad la libertad e igualdad de los individuos; un mandato normativo que no se agota en esta formulación genérica, sino que se desarrolla pormenorizadamente con mandatos y directivas concretas de intervención. El principio de protección de los consumidores informará la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Asimismo, estudian el "fundamento comunitario" de la protección de los consumidores señalando que en la política comunitaria de protección de los consumidores se distinguen dos fases, una primera, que se corresponde con la etapa inicial de la Comunidad Europea, donde prima en todos los aspectos la producción y distribución de bienes económicos con la búsqueda de un mercado común europeo; y una segunda fase, caracterizada por una mayor preocupación en relación con la calidad de vida. Seguidamente analizan la regulación consumerista de la distintas Comunidades Autónomas, dedicando especial atención a los derechos de los consumidores. Las "legislaciones autonómicas" tienen presente que para diseñar estrategias encaminadas a una protección real y efectiva del consumidor, hay que tener en cuenta la realidad en la que nos movemos. El consumidor va a disponer de una más amplia gama de bienes y servicios, ampliando la oferta y, por consiguiente, las posibilidades de elección, aunque con la característica, por contra, de un mercado más complejo. Y es precisamente, por la tendencia a la globalización de los mercados que, a la par de otros problemas estructurales y sociales que plantean las nuevas tecnologías de la información y, por ende, la sociedad de la información se deben resolver en un marco más amplio en donde junto con medidas de tipo jurídico, deben existir otras de tipo educativo, económico o ético, es decir, formar consumidores conscientes, críticos, solidarios, responsables y comprometidos también con su entorno medio ambiental. Con independencia del propio interés de esta monografía, su oportunidad es clara en un momento en que la protección de los consumidores se constituye en una de las políticas públicas de primer orden, contribuyendo de manera decisiva a la consecución de los objetivos de política social, económica y cultural trazados por la Constitución y por los distintos Estatutos de Autonomía. En definitiva, el objetivo de esta obra es prestar un servicio y una utilidad instrumental, práctica y pedagógica a los profesionales del consumo tanto de las Administraciones Públicas como de la sociedad civil, incluidas las asociaciones de consumidores, fomentando el interés por el estudio crítico y constructivo de los derechos de los consumidores mediante una exposición clara y sencilla de la materia.
