La primera gran crisis económica de la globalización ha acabado por afectar al ejercicio del poder político en sentidos muy diversos. Pensemos por ejemplo en el estallido de protesta e irritación desencadenado en algunas democracias, como la nuestra, que llega a cuestionar el funcionamiento del sistema representativo.
En este agitado contexto, ya se produjo en España la segunda reforma de la Constitución de 1978, para consagrar en ella el principio de estabilidad presupuestaria y, en relación con el mismo, nuestra vinculación con la Unión Europea. Una reforma que vino acompañada, con el nuevo Gobierno formado tras las elecciones de noviembre de 2011, de una batería de medidas (recortes en educación, sanidad, investigación o pensiones
) impulsadas también por las instituciones europeas, en el clima generado por las dudas sobre la supervivencia del euro.
Este control sobre los Estados miembros se ha ido dotando de nuevos instrumentos jurídicos que refuerzan los compromisos nacionales sobre el control del déficit y de la deuda pública. El futuro del Estado Social está ahora realmente en juego y se dirime en el ámbito de la UE, la cual parece avanzar tanto en la unión económica como retroceder en su camino hacia la genuina conformación de una comunidad política que trascienda a los Estados-nación europeos.
A las tensiones a las que ellos se ven sometidos, desde arriba, como consecuencia de su pertenencia a la Unión, se unen las tensiones hacia abajo que alimenta un agudizado problema territorial, singularmente en España. ¿Estamos abocados a vivir para siempre en el conflicto o, incluso peor, a la irrupción inquietante de lo fáctico, o cabe pensar en soluciones adoptadas a partir de la aplicación de la Constitución, incluida su eventual reforma?
La sustitución en la Jefatura del Estado, tras la abdicación de Juan Carlos I, podría favorecer la apertura de ese proceso de reforma constitucional.
Porque lo cierto es que la demanda social de cambios, aun imprecisa, se hace cada vez más evidente, intensificando, en el verano de 2014, la sensación de que el suelo se está moviendo bajo nuestros pies; de que hay, en efecto, un proceso de transición en marcha, en Europa y en España, que acaso pudiera acabar teniendo, para el Derecho Constitucional, un alcance semejante al que supuso el período de entreguerras o el trauma de la II Guerra Mundial. Hay quien dice que las presentes incertidumbres son hijas de la crisis y que se irán con ella. Pero honestamente no sabemos cuál será la estación de llegada de este viaje que hoy se antoja tan azaroso.
Para poder valorar los cambios que puedan estar incoándose hay que tener bien presente no sólo donde estamos sino también de dónde venimos, pasar revista a la accidentada biografía de nuestras democracias. Pues bien, éste es un texto diseñado con la pretensión de ser útil a los alumnos de grado y postgrado de Derecho Constitucional, al servicio de un programa académico que se pregunta cómo y por qué hemos llegado hasta aquí, en el mundo y en España; que se propone conocer y valorar lo que hemos conseguido, lo que tenemos, la democracia constitucional, y lo que ella nos exige a todos. Es un texto que cree en un Derecho Constitucional vivo, que gravita sobre una realidad viva, abierto a encauzarla, como rama del ordenamiento, y también a entenderla mejor, como saber jurídico un tanto promiscuo que es, tan dado a olfatear en el terreno de otras ciencias sociales.
Y es, en fin, un texto elaborado por profesores que aún conservan la pasión por enseñar, es decir, por aprender.
