La exigencia efectiva y real, en nuestro ordenamiento, de responsabilidad penal a las personas jurídicas tiene aún un largo camino por recorrer, pues son muchos los problemas teóricos y prácticos que se plantean. En este contexto, el conocimiento profundo de un sistema, como el de los Estados Unidos de América, donde la exigencia de dicha responsabilidad cuenta con una larga tradición resulta especialmente interesante. Una buena muestra de ello son los «criminal compliance». En nuestro ordenamiento estos programas de cumplimiento o modelos de organización y gestión son una novedad reciente pero en los Estados Unidos han sido objeto de un prolongado y profundo debate sobre su eficacia, que merece nuestra atención. Así mismo, el examen sobre cómo, en el modelo federal estadounidense, la responsabilidad penal de las personas jurídicas se exige a través de los acuerdos con la Fiscalía muestra los efectos que en este ámbito podría tener el ejercicio discrecional de la acción penal por parte del Ministerio Fiscal.
